Surgen dudas sobre el papel de Cerimedo en el Gobierno tras hallazgos de documentos
La reciente revelación de que Fernando Cerimedo no tenía un cargo oficial en el Gobierno ha generado nuevas interrogantes debido a una tarjeta donde aparece como 'Asesor Principal' y el uso de un correo institucional.
Por Marco Yujra · 19 de agosto de 2026
El Gobierno de Rodrigo Paz aclaró que Fernando Cerimedo no ocupaba un puesto formal dentro de la administración estatal, pero esta aclaración ahora ha planteado nuevas preguntas. Entre los hallazgos que han levantado sospechas se encuentra una tarjeta que lo identifica como 'Asesor Principal del Presidente', así como información sobre el uso de un correo electrónico institucional relacionado con el Gobierno.
La controversia no radica solo en el título en la tarjeta, sino en saber quién fue el responsable de crear y permitir que Cerimedo utilizara estos recursos institucionales. Aunque contar con un correo institucional no implica automáticamente ser un funcionario público, sí genera dudas sobre las circunstancias que permitieron a un particular acceder a herramientas del Estado.
La normativa boliviana establece reglas claras sobre el uso de bienes y servicios públicos, así como las responsabilidades que surgen cuando estos son usados de manera inapropiada. Esto incluye el uso de la denominación de funciones públicas, ya que el Código Penal boliviano, en su artículo 163, menciona la usurpación de funciones para quienes ejercen funciones públicas sin el nombramiento correspondiente.
El hecho de que Cerimedo se haya presentado como 'Asesor Principal' podría ser un indicio de que se investigue si hubo alguna acción que pudiera considerarse penalmente relevante. Sin embargo, el solo uso de ese término no es suficiente para concluir que se cometió un delito.
Otra cuestión que surge es la responsabilidad de los funcionarios que permitieron el acceso de Cerimedo a recursos institucionales. La Ley 004, conocida como Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, menciona que el uso indebido de bienes y servicios públicos es un delito, lo que implica que quienes autorizaron este acceso también podrían enfrentar consecuencias.
Finalmente, más allá de determinar el cargo de Cerimedo, queda por resolver quién dentro del Gobierno le permitió acceder a estas herramientas y qué justificación legal existió para ello, lo que abre un debate sobre la transparencia y el uso de recursos públicos en el país.