Se intensifica el debate sobre la reforma de la Constitución en Bolivia

El debate sobre la reforma de la Constitución Política del Estado (CPE) ha cobrado fuerza en la Asamblea Legislativa, donde se está discutiendo la nueva Ley de Inversiones impulsada por el Gobierno de Rodrigo Paz. Esta iniciativa busca modificación de artículos para desconstitucionalizar aspectos que dificultan la atracción de inversiones.

El diputado Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, ha presentado un proyecto que propone "desconstitucionalizar" 30 artículos, lo que incluye la prohibición de nacionalizaciones y el restablecimiento del arbitraje internacional para resolver disputas entre el Estado y los inversionistas. Por su parte, Jorge Tuto Quiroga, líder de Libre, también ha anunciado una reforma centrada en la crisis energética que enfrenta el país.

Las propuestas plantean un desafío sobre si el modelo económico implementado durante los gobiernos del MAS necesita ser modificado a través de nuevas leyes o mediante un cambio en la Constitución de 2009. Hasta el momento, la administración de Paz ha decidido proponer cambios a través de la Ley de Inversiones sin tocar la CPE, que fue presentada el 13 de agosto y se basa en el artículo 411, que regula reformas parciales en la Constitución.

Alarcón ha afirmado que su "ley corta" es esencial para mitigar el deterioro económico y que permite generar un liderazgo político en la Asamblea. Su iniciativa busca incorporar un nuevo artículo 412 que facilite la desconstitucionalización de los 30 artículos, permitiendo que sean regulados por leyes especiales sin necesidad de nuevos referendos. Entre los cambios propuestos, se destaca la eliminación de la elección popular de magistrados y la prohibición de cualquier tipo de expropiación o nacionalización de inversiones.

Tuto Quiroga ha anunciado que su partido también presentará su reforma, vinculando la modificación constitucional con la crisis energética y el riesgo de escasez de gas y electricidad. Su propuesta coincide con la de Alarcón, pues ambos enfatizan la necesidad de seguridad jurídica y arbitraje internacional.

El presidente Rodrigo Paz ha estado promoviendo no solamente la Ley de Inversiones, sino también otras regulaciones en sectores como hidrocarburos y minería, sin modificar la Constitución por ahora. Alarcón considera que esta estrategia es insuficiente, recordando que desde 2014 existe una Ley de Inversiones aprobada en el gobierno anterior de Evo Morales.

Este intenso debate sobre la reforma de la CPE y la agenda económica del presidente Paz plantea la posibilidad de un cambio significativo en la estructura institucional y fiscal de Bolivia, buscando establecer reglas para la sostenibilidad fiscal y mejorar la seguridad jurídica, mientras se rediseñan las competencias de los gobiernos subnacionales.