Se identifican posibles responsabilidades en los gobiernos de Arce y Paz por el escándalo de ‘gasolina basura’
Un informe de la comisión especial de la Cámara de Diputados señala que tanto el gobierno de Luis Arce como el actual han incurrido en irregularidades relacionadas con el combustible de mala calidad.
Por Iván Ticona · 10 de agosto de 2026
El diputado Carlos Alarcón, quien forma parte de la comisión que investiga el caso de la llamada ‘gasolina basura’, informó que un nuevo documento revela posibles responsabilidades en las administraciones de Luis Arce y de su sucesor, Luis Alberto Méndez.
Este informe será revisado en los próximos días por el pleno de la Cámara de Diputados, donde se decidirá el futuro de la investigación sobre la calidad del combustible y los contratos asociados a su suministro.
Alarcón mencionó que el documento incluye al expresidente Arce Catacora, a exministros como Mauricio Medinaceli y Gallardo, así como a exejecutivos de YPFB, como Wilson Dorgathen. "Es evidente que ambas gestiones tienen responsabilidad en este asunto”, afirmó el legislador.
Uno de los puntos críticos del informe es el contrato entre YPFB y la empresa Ditol, que se firmó durante la gestión de Dorgathen. Alarcón indicó que este acuerdo fue modificado en cuatro ocasiones en la administración de Arce y fue ampliado nuevamente por el actual gobierno el 17 de diciembre de 2025, fecha en la que se eliminó la subvención a los combustibles.
El diputado cuestionó la decisión de extender este contrato, sugiriendo que el nuevo gobierno debió cancelarlo y optar por alternativas de abastecimiento de combustibles. “¿Por qué no dejaron que finalizara y buscaron un mejor trato de acuerdo al nuevo escenario de precios internacionales?”, se preguntó.
Alarcón también expresó su preocupación por el manejo del informe, señalando que estuvo sin tratamiento en la Presidencia de la Cámara Baja durante casi un mes, lo que podría haber limitado su visibilidad. “Si la presidenta de la comisión lo mantuvo en un perfil bajo, eso es muy cuestionable”, indicó.
El caso es de gran importancia económica, dado que involucra a YPFB, la principal empresa estatal del sector hidrocarburos, y afecta directamente el suministro de combustibles, lo cual tiene un efecto significativo en la economía del país.
Finalmente, el documento será sometido a la revisión del pleno de Diputados, que deberá analizar las conclusiones y decidir si se establecerán responsabilidades políticas o administrativas, así como avanzar en el proceso de investigación sobre este escándalo que afecta a los bolivianos.