Productores se movilizan en Warnes por el diésel

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) ha convocado a un congreso extraordinario que se llevará a cabo el jueves 27 de agosto en Warnes, Santa Cruz. El objetivo de este encuentro es exigir la derogación del Decreto Supremo 5676, que elimina la subvención del diésel para ciertos grupos, estableciendo su precio en Bs 18 por litro.

Klauss Frerking, presidente de la CAO, explicó que el decreto afecta de manera negativa a la producción agropecuaria nacional y que, si no se ofrecen soluciones viables, el congreso definirá acciones futuras para proteger este sector. Frerking destacó que esta medida compromete la seguridad alimentaria del país y pidió facilidades en la importación y comercialización de productos para que no se repercuta en los precios que enfrentan los consumidores.

Reacciones de los productores de oleaginosas y trigo.

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) también se manifestó en contra de esta normativa, argumentando que penaliza a los productores, especialmente a los pequeños y medianos, quienes dependen del diésel para su actividad agrícola. Según Anapo, el decreto no solo incrementa los costos de operación, sino que también empuja a los productores a adquirir combustible de fuentes informales, lo que agrava la situación.

La norma se comunicó como una medida para grandes consumidores y en los hechos golpea a miles de pequeños y medianos productores que producen alimentos para el país y que pasan a pagar casi el doble por su principal insumo.

La nueva normativa clasifica a los consumidores de diésel en tres grupos según la cantidad que compren mensualmente. Aquellos que usen menos de 120 litros continuarán con el precio subsidiado, mientras que quienes superen ese límite deberán pagar el precio de mercado, que arranca en Bs 18 por litro. Esto incluye a usuarios directos, clientes directos y grandes consumidores.

Los productores advirtieron que el aumento en el precio del diésel podría llevar al cierre de numerosas unidades productivas, lo que tendría un impacto severo en la producción de alimentos del país. La CAO y Anapo resaltan la urgencia de revisar esta normativa para garantizar la viabilidad del sector agropecuario boliviano.