Perú decreta emergencia en cinco cárceles por control de bandas criminales
Cinco prisiones en Perú, donde se concentra la mitad de los líderes de organizaciones criminales, entran en estado de emergencia para asegurar el orden interno con ayuda militar.
Por Dayana Poma · 5 de septiembre de 2026
Las autoridades peruanas han declarado en estado de emergencia cinco cárceles que albergan aproximadamente el 50% de los cabecillas y miembros de bandas criminales. Esta decisión fue tomada para que la Policía Nacional, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, mantenga el control interno en estos recintos penitenciarios, según un decreto publicado el sábado pasado.
El decreto, firmado por la presidenta Keiko Fujimori, establece un periodo de emergencia de 60 días en los penales de Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones. Dentro de esta medida, se suspenderán ciertos derechos constitucionales, como la libertad de tránsito y reunión, en un radio de 200 metros alrededor de las cárceles.
La Policía Nacional, en colaboración con las Fuerzas Armadas, será responsable de asegurar el perímetro de las prisiones, así como el espacio aéreo cercano. Asimismo, se llevarán a cabo controles estrictos para evitar fugas y se implementarán operativos para incautar teléfonos celulares, armas y otros objetos prohibidos.
El gobierno ha señalado que, a pesar de la emergencia, se garantizará el respeto a los derechos humanos básicos de los internos, incluyendo el derecho a la vida y a la defensa legal. Esto se enmarca dentro de las obligaciones establecidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Esta acción busca frenar las actividades delictivas que muchas organizaciones criminales, como Los Pulpos, operan desde las cárceles. Recientemente, se reportó el secuestro de un empresario minero en Trujillo, donde cuatro de sus acompañantes fueron asesinados por delincuentes que se hicieron pasar por policías.
Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros, afirmó que el gobierno está impulsando diversas medidas para combatir la inseguridad mientras se espera la aprobación de nuevas leyes en materia de seguridad ciudadana. Esta declaración se produjo tras una reunión con otros altos funcionarios del gobierno.
Las cinco cárceles mencionadas en el decreto son ahora el hogar de cerca del 50% de los internos que están implicados en actividades criminales, lo que resalta la necesidad urgente de tomar medidas para restaurar el orden dentro de estos establecimientos.
Esta situación ha llevado al gobierno a actuar rápidamente ante la creciente ola de delitos graves que han manchado la seguridad pública en Perú.