OEA analiza situaciones de conflicto en Bolivia con enfoque en derechos humanos
El gobierno busca establecer protocolos que protejan los derechos ciudadanos durante futuras protestas, tras los 53 días de crisis social vividos entre mayo y junio.
Por Dayana Poma · 9 de septiembre de 2026
En una reunión con la Comisión Policial de la Organización de Estados Americanos (OEA), el gobierno boliviano compartió información sobre los 53 días de conflictos sociales que afectaron al país en mayo y junio pasados. Esta reunión, que continuará hasta el viernes, tiene como objetivo trabajar en conjunto para prevenir futuros conflictos y mejorar la institucionalidad de la Policía Boliviana.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, destacó que la colaboración con las fuerzas policiales de otros países de la OEA busca principalmente garantizar los derechos humanos en futuras protestas. Se pretende asegurar el derecho a la manifestación, sin perjudicar el libre tránsito, la salud y el abastecimiento de la población.
"Esperamos que los futuros conflictos, que ojalá sean inexistentes, respeten los derechos humanos. La gente puede protestar, pero no puede afectar los derechos de los demás", afirmó Oviedo en la reunión.
El ministro también recordó las graves consecuencias de las movilizaciones pasadas, como la falta de oxígeno, alimentos, transporte y atención médica en diversas ciudades. Mencionó que varios de los decesos reportados en el informe de la OEA ocurrieron en carreteras debido a estas situaciones.
En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, Oviedo reconoció un aumento en los cultivos de coca en el Trópico de Cochabamba, lo que contradice los resultados de las acciones de interdicción implementadas. Sin embargo, subrayó que la nueva gestión policial ha logrado incautar más de 80 avionetas vinculadas al narcotráfico, superando las cifras anteriores, y desarticular varios laboratorios de droga.
Sobre la explosión ocurrida en el cuartel Simón Bolívar en Viacha, el ministro aclaró que las investigaciones se están llevando a cabo bajo dos vías institucionales formales para evitar rumores infundados. El comandante del Ejército, general Héctor Alejandro Alarcón, será el portavoz oficial sobre el avance del caso, mientras que el Ministerio Público ya ha empezado las primeras diligencias legales.