Las refinerías Gualberto Villarroel y Guillermo Elder Bell reactivan la producción de combustibles
El Gobierno nacional anuncia que las refinerías volverán a producir gasolina, diésel y otros derivados tras la aprobación de un decreto que permite la importación de petróleo.
Por Verónica Limachi · 8 de septiembre de 2026
Las refinerías Gualberto Villarroel y Guillermo Elder Bell están listas para reanudar la producción de gasolina, diésel, gasolina de aviación, kerosene y Jet Fuel A-1 gracias al Decreto Supremo 5701, que fue aprobado el 7 de septiembre por el gabinete del presidente Rodrigo Paz, según informaron fuentes oficiales.
Esta normativa autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y su filial YPFB Refinación S.A. a importar petróleo, con la finalidad de procesarlo y comercializar los productos derivados, lo que busca fortalecer la actividad de refinación de hidrocarburos en el país.
Objetivos del decreto
El decreto establece que la utilización de los hidrocarburos debe favorecer el desarrollo integral, sustentable y equitativo de Bolivia, garantizando un suministro continuo de combustible en el mercado interno y fomentando el consumo en todos los sectores de la sociedad.
Además, se busca impulsar la industrialización en el país y la exportación de excedentes, de manera que se respeten los intereses del Estado y se logren los objetivos de política pública tanto a nivel interno como externo.
El documento señala que las refinerías son responsables de garantizar la calidad del petróleo importado y deberán cumplir con los parámetros técnicos establecidos por el Ministerio de Hidrocarburos y Energías.
Los productos derivados del petróleo importado se comercializarán a precios de mercado y no existirán subsidios para ellos. Las refinerías podrán vender estos productos a distribuidores mayoristas y otros canales de comercialización, según lo establecido en el decreto.
Finalmente, se establece una alícuota del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) de 0,00 Bs por litro hasta el 31 de diciembre de 2030, con posibilidad de cambios a través de futuros decretos.