La informalidad laboral en Bolivia afecta a la mayoría de los trabajadores

Un informe revelado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indica que el 80% de las personas que trabajan en Bolivia lo hacen en condiciones de informalidad, una situación que se ha mantenido en el primer semestre de 2025. La Fundación Milenio, al analizar estos datos, destaca la necesidad de transformar la formalidad en una herramienta que facilite el crecimiento de las empresas.

El estudio de la Fundación Milenio, realizado con el apoyo del Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE), se enmarca en un proyecto regional que busca abordar las libertades económicas en América Latina. De acuerdo a este análisis, en Bolivia se presenta un ciclo negativo en el que la informalidad, la baja productividad y la falta de crecimiento empresarial se retroalimentan, especialmente entre los pequeños negocios.

Desafíos de la formalización empresarial

Para las pequeñas empresas, registrarse y cumplir con las normativas no siempre se traduce en acceder a mejores oportunidades comerciales. Tener un Número de Identificación Tributaria (NIT) o estar formalmente registrados no garantizan obtener clientes o créditos, lo que hace que la formalización no sea vista como un proceso valioso.

La investigación sugiere que para que la formalización sea realmente efectiva, debe vincularse con el aumento de ventas, la productividad y el acceso al financiamiento. Las empresas que están más formalizadas tienden a ser más grandes y exitosas, lo que resalta la importancia de cambiar la percepción de la formalidad como un costo a una fuente de oportunidades.

La Fundación Milenio propone varias condiciones esenciales para fomentar la formalidad de manera sostenible: simplificar trámites, reducir costos, facilitar el acceso a financiamiento y fortalecer la seguridad jurídica en inversiones. Estas medidas son clave para transformar el actual ciclo de informalidad en uno que promueva el crecimiento y la inversión.

Durante el foro "Latam Sin Barreras", realizado en Bogotá, se discutieron estos temas y se constató que las políticas públicas frecuentemente no consideran las necesidades de los trabajadores y empresarios. Así, se enfatizó la importancia de descentralizar las decisiones y fortalecer las capacidades de las instituciones locales para que puedan escuchar y atender mejor a quienes producen y generan empleo.

Además, se concluyó que no solo se trata de contar con más regulaciones, sino de que éstas sean claras y aplicables, evitando confusiones que lleven a mayores costos y complicaciones para los empresarios. Es vital que las normativas sean comprensibles y que exista un diálogo constante entre las autoridades y quienes realizan actividades económicas.