La crisis de hacinamiento en las cárceles de Oruro afecta a más de 2.100 reclusos

La situación de hacinamiento en los recintos penitenciarios de Oruro es alarmante, afectando a 2.100 internos que viven en condiciones difíciles, a pesar de la implementación del Decreto Supremo de Amnistía e Indulto que benefició a más de 400 reclusos.

Juan Arroyo, delegado defensorial, destacó la falta de soluciones efectivas para el hacinamiento, señalando que las medidas adoptadas hasta ahora no han logrado aliviar la congestión en las cárceles. Además, enfatizó la necesidad de tomar decisiones estructurales para abordar el problema.

Arroyo subrayó que los internos conservan derechos fundamentales y que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar condiciones adecuadas en términos de salud, alimentación y alojamiento. La revisión de leyes relacionadas con delitos como el robo de minerales y el tráfico de sustancias controladas podría ser crucial para mejorar la situación.

La falta de espacio y la insuficiencia en la atención a necesidades básicas están impactando directamente en la salud y el bienestar de los internos. Arroyo advirtió que la revisión de la legislación punitiva es necesaria para lograr una reducción efectiva de la sobrepoblación carcelaria.

Actualmente, alrededor de 1.800 personas se encuentran en el penal de San Pedro y otros 300 en La Merced, lo que ha generado una creciente preocupación por las condiciones en las que se encuentran. Arroyo hizo un llamado al Gobierno para que se priorice la construcción de nuevos recintos penitenciarios que puedan albergar a los reclusos de manera digna.