Gobierno interviene YPFB por 180 días para mejorar su gestión
La administración de YPFB será intervenida temporalmente para abordar fallas en su cadena de distribución de combustibles. Una nueva comisión supervisará las operaciones durante este periodo.
Por Verónica Limachi · 2 de septiembre de 2026
El Gobierno boliviano ha decidido intervenir Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un plazo de hasta 180 días. Esta medida busca corregir las deficiencias encontradas en las operaciones de la empresa estatal y mejorar la logística en la importación y distribución de combustibles.
El Decreto Supremo 5697, emitido el 1 de septiembre, establece la creación de una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria que tendrá la responsabilidad de supervisar las operaciones de YPFB durante el periodo de intervención.
Esta intervención puede ser extendida una vez por un máximo de 90 días si persisten las razones que la motivaron. Sin embargo, también existe la posibilidad de que se termine antes si se logran resolver las problemáticas identificadas.
Fundamentos de la intervención y su alcance
El decreto argumenta que las deficiencias en los procesos logísticos de YPFB representan riesgos para el interés público y la seguridad energética del país. Es importante destacar que esta intervención no implica la eliminación de la empresa ni cambios en su estructura jurídica.
La Comisión de Intervención estará compuesta por representantes de varios ministerios, incluyendo Economía, Producción y Hidrocarburos, y tendrá como prioridad las áreas de comercialización y trazabilidad de combustibles.
Entre sus funciones, la comisión podrá recomendar auditorías y revisiones de los procesos de YPFB, así como identificar irregularidades que puedan estar relacionadas con el contrabando o el mal manejo de los recursos.
El decreto también establece que todos los funcionarios de YPFB deberán colaborar con la comisión, proporcionando la información solicitada en los plazos establecidos. El incumplimiento de esta obligación puede acarrear sanciones administrativas o penales.
Finalmente, se menciona que la intervención se llevará a cabo sin necesidad de recursos adicionales del Tesoro General, ya que cualquier gasto será cubierto por los presupuestos de las entidades que conforman la comisión.