Estados Unidos anula la visa a Roger Mariaca por vínculos con el narcotráfico
El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, ha visto revocada su visa por el Gobierno estadounidense, que lo acusa de corrupción vinculada al narcotráfico y de poner en riesgo la lucha contra el narcoterrorismo.
Por Verónica Limachi · 29 de septiembre de 2026
El Gobierno de Estados Unidos decidió cancelar la visa del fiscal general boliviano, Roger Mariaca, debido a acusaciones de corrupción relacionadas con el narcotráfico. Según el Departamento de Estado, Mariaca habría recibido sobornos mientras desempeñaba funciones públicas, lo que facilitaría las operaciones de narcotráfico y ayudaría a delincuentes a evadir la justicia.
Esta acción forma parte de una nueva política migratoria de Washington, que busca sancionar a funcionarios y exfuncionarios de la región que estén involucrados en corrupción o narcotráfico. En total, 12 ciudadanos bolivianos con visas activas han sido afectados, entre los que se encuentran el exministro de Justicia Iván Lima, varios fiscales, jueces, el magistrado constitucional Israel Campero y el coronel de la Policía Frans William Cabrera Quispe.
El Departamento de Estado asegura que las acciones de Mariaca comprometen los esfuerzos del presidente Donald Trump en la lucha contra el narcoterrorismo y obstaculizan el fortalecimiento de las instituciones democráticas en Bolivia, las cuales el país busca consolidar como parte de la iniciativa Escudo de las Américas. La revocatoria también se extiende a los familiares directos del fiscal.
Mariaca, por su parte, ha rechazado las acusaciones y considera que esta medida es una posible forma de presión política e injerencia. Desde Sucre, expresó que respeta la soberanía de Estados Unidos, pero también solicitó respeto hacia la independencia de las instituciones bolivianas.
Además, el fiscal general defendió las investigaciones en curso del Ministerio Público, incluyendo el caso del consultor argentino Fernando Cerimedo, y aseguró que ninguna presión, ya sea nacional o internacional, detendrá el avance de estas indagatorias. En este contexto, Mariaca enfatizó que investigar no equivale a condenar y que corresponde a las instituciones determinar la veracidad de los hechos y las responsabilidades pertinentes.
Es importante señalar que la decisión estadounidense es una medida migratoria y no constituye una condena legal en contra de Mariaca; las afirmaciones del Departamento de Estado sirven como justificación para esta restricción.