Ernesto Justiniano bajo la lupa por inacción frente a Evo Morales

Ernesto Justiniano, titular del Ministerio de Defensa, se encuentra nuevamente en el centro de las críticas debido a la falta de acciones concretas para hacer cumplir las órdenes de aprehensión que pesan sobre Evo Morales. A pesar de que el Gobierno mantiene una postura firme ante el expresidente, Morales continúa refugiado en su bastión del Trópico de Cochabamba, protegido por sus seguidores, a pesar de las órdenes judiciales que siguen vigentes en su contra.

Las dificultades para ejecutar estas órdenes han alimentado las voces críticas hacia Justiniano. En junio, el ministro había afirmado que Morales debía rendir cuentas ante la justicia y que las investigaciones debían determinar responsabilidades por los bloqueos que interrumpieron la actividad del país durante más de 50 días. Sin embargo, a medida que el tiempo avanza, el objetivo del Gobierno sigue sin materializarse.

Aunque el Ejecutivo había elaborado un plan para ingresar al Trópico en conjunto con las Fuerzas Armadas y la Policía, el expresidente continúa en su refugio. Esto ha generado un evidente contraste entre las declaraciones del ministro sobre la firmeza del Gobierno y los resultados reales obtenidos, lo que pone en tela de juicio la capacidad de liderazgo en el ámbito de Defensa.

Además, en agosto, Morales volvió a acusar al Gobierno de un supuesto operativo en su contra, lo que Justiniano desmintió, aunque reconoció la existencia de las órdenes de aprehensión que deben ser ejecutadas conforme a la ley. Mientras el ministro se limita a emitir declaraciones y advertencias, las Fuerzas Armadas siguen desplegadas en estado de excepción sin resultados claros sobre la situación de Morales.

El contexto político es claro: Justiniano tiene la responsabilidad de demostrar que la estrategia de Defensa no se reduce a anuncios vacíos, sino que se puede traducir en acciones efectivas. La persistencia de Morales en su refugio se convierte en un desafío directo para el ministro y un testimonio de la capacidad del Gobierno para hacer cumplir sus propias decisiones.