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El Senado de Chile aprueba una ley para facilitar la expulsión de inmigrantes ilegales

Una nueva normativa fue aprobada por el Senado chileno con el objetivo de optimizar el proceso de expulsión de extranjeros que infrinjan la ley. La medida incluye el acceso a domicilios por parte de la policía con autorización judicial.

Por Rodrigo Aruquipa · 21 de octubre de 2026

La cámara alta de Chile ha dado luz verde a un proyecto de ley que tiene como fin mejorar el procedimiento para la expulsión administrativa de inmigrantes que no cumplen con las normativas vigentes. Esta iniciativa permite que la policía, con una orden judicial, pueda ingresar a las viviendas donde se encuentren personas con órdenes de expulsión pendientes.

Con un resultado de 37 votos a favor y una abstención, se aprobó el informe final de una comisión mixta que realizó ajustes al proyecto que ya había sido avalado por la Cámara de Diputados. José García Ruminot, ministro de la Secretaría General de la Presidencia, señaló que las modificaciones buscan hacer más efectivas las expulsiones y brindar mayor seguridad jurídica en el proceso.

Cambios significativos en la legislación

Entre los cambios más relevantes que se incorporan a la Ley de Migración y Extranjería, se destaca la facilitación en la localización y detención de extranjeros que cuenten con órdenes de expulsión. Esta tarea recaerá en la Policía de Investigaciones (PDI), que deberá solicitar autorización judicial para ingresar a un domicilio donde se encuentre el individuo en cuestión, con un plazo de respuesta del juez de 24 horas.

Además, la nueva normativa establece que el periodo mínimo de prohibición de ingreso al país aumentará de tres a cinco años en casos específicos. También se incluirán mecanismos para la expulsión inmediata de extranjeros en situación irregular que enfrenten ciertos procesos penales, siempre y cuando cuenten con la aprobación del tribunal.

Actualmente, se estima que hay más de 330.000 extranjeros en situación irregular en Chile, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). A su vez, hay más de 75.000 órdenes de expulsión en espera de ejecución, siendo la mitad de estas órdenes correspondientes a ciudadanos venezolanos.

A pesar de que en agosto de este año se anunció el restablecimiento de relaciones consulares entre Chile y Venezuela, luego de haber sido suspendidas en 2024, no se han reportado avances concretos en este tema tras la reunión entre el presidente chileno Gabriel Boric y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en septiembre.

En el Congreso también se discute un proyecto de ley, promovido por el partido de extrema derecha de José Antonio Kast, que busca tipificar la migración irregular como un delito, lo que ha generado un intenso debate en la sociedad chilena.