El gabinete del presidente Rodrigo Paz presenta alta rotación de ministros

Una investigación de la periodista Gabriela Ichaso Elcuaz, que revisa los decretos presidenciales y supremos publicados en la Gaceta Oficial de Bolivia, indica una notable rotación de funcionarios en el gabinete del presidente Rodrigo Paz. Desde el 8 de noviembre de 2025 hasta el 7 de agosto de 2026, se emitieron un total de 185 decretos, de los cuales 71, es decir, cerca del 40%, corresponden a nombramientos interinos, lo que evidencia una estructura de sustituciones frecuentes entre los ministros.

El exministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, se destaca en este contexto, acumulando 63 días de viajes internacionales en los primeros meses de la administración de Paz. Sus destinos abarcan países como Brasil, Paraguay, Suiza, Estados Unidos, Chile, Colombia, Türkiye, Corea del Sur y Panamá, participando en actividades de cooperación internacional y organismos multilaterales.

Aramayo no solo ha viajado, sino que también ha ocupado el cargo de ministro interino en distintas carteras, incluyendo Economía y Finanzas, Presidencia y Turismo. Esto ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de sus misiones, especialmente cuando se observa que, a pesar de estar designado un viceministro como canciller, él sigue en el centro de la representación internacional.

Además de Aramayo, otros ministros como José Luis Lupo y Óscar Mario Justiniano también han sido identificados como recurrentes en sus roles de suplentes. Lupo ha asumido temporalmente la Cancillería y Economía, mientras que Justiniano ha sido calificado como un “comodín” para diferentes carteras, aumentando la preocupación sobre la concentración de funciones en unos pocos.

El análisis también indica que varios ministros han registrado ausencias significativas, como José Fernando Romero, con 37 días fuera, y José Gabriel Espinoza, con alrededor de 29 días. Sin embargo, aunque se puede contabilizar quiénes viajaron y por cuánto tiempo, los costos de estas misiones aún no han sido especificados, lo que plantea interrogantes sobre el uso de los recursos públicos.

Es esencial que la Asamblea Legislativa Plurinacional asuma un papel de fiscalización sobre los gastos generados por estas actividades, así como evaluar los resultados obtenidos en términos de inversiones y cooperación para Bolivia. A medida que crece la actividad internacional del gabinete, persisten problemas en la atención a los ciudadanos bolivianos en el exterior.

La normativa que permite designar interinos ante ausencias temporales está vigente, pero el análisis sugiere que las suplencias se han vuelto una práctica habitual, cuestionando la eficacia de la administración y el costo que implica para el Estado. Este escenario plantea una reflexión sobre los verdaderos beneficios que estas misiones están trayendo al país.