Economista señala riesgos en la Ley de Inversiones del Gobierno
Martín Moreira, experto en economía, advierte que el nuevo proyecto de Ley de Inversiones podría afectar la regulación estatal y plantea la necesidad de un enfoque que priorice el bienestar del país.
Por Iván Ticona · 12 de agosto de 2026
El economista Martín Moreira, integrante de la Red Boliviana de Economía Política, ha expresado su preocupación acerca del proyecto de Ley de Inversiones que el Gobierno ha enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Moreira destaca que esta normativa podría tener consecuencias significativas debido a sus mecanismos de estabilidad jurídica, incentivos fiscales y arbitraje internacional.
Moreira argumenta que, si bien es esencial atraer inversiones tanto nacionales como extranjeras para estimular el crecimiento económico, generar empleo e incorporar tecnología en el país, estas inversiones deben estar acompañadas de obligaciones claras. Es fundamental asegurarse de que una parte considerable de los beneficios generados por estas inversiones se quede en Bolivia.
El economista señala que el proyecto, que consta de 103 artículos, podría establecer garantías generales para los inversionistas antes de definir nuevas normativas para sectores clave como la minería, los hidrocarburos, el litio, los recursos evaporíticos y la energía. Este enfoque, según él, podría disminuir la capacidad de negociación del Estado en áreas consideradas estratégicas.
Moreira también manifiesta dudas respecto a la estabilidad jurídica a largo plazo y a los mecanismos de arbitraje internacional incluidos en el proyecto. Advierte que otorgar garantías excesivas a los inversionistas podría limitar la capacidad del Estado de modificar sus políticas tributarias, ambientales o regulatorias en respuesta a nuevas realidades y demandas.
En cuanto a los incentivos fiscales propuestos, el economista sugiere que se debe analizar cuánto podría dejar de percibir el Estado y qué beneficios concretos se obtendrían a cambio, tales como la creación de empleos, la transferencia de tecnología, el aumento de las exportaciones y el impulso al desarrollo productivo.
Finalmente, Moreira enfatiza que la Ley de Inversiones debería enfocarse en proyectos que promuevan empleo formal, la incorporación de tecnología, el fortalecimiento de proveedores nacionales y la creación de valor agregado, además de asegurar la protección de los recursos naturales y evitar que la búsqueda de inversión resulte en una rápida transferencia de activos del Estado.