Diputada Lissa Claros exige investigación por gasolina de mala calidad

La diputada Lissa Claros, del partido Libre, ha enfatizado la necesidad de investigar a fondo el caso de la gasolina de mala calidad, conocida como gasolina desestabilizada. La legisladora mencionó que su denuncia fue presentada al Ministerio Público hace más de tres meses, identificando a varios exfuncionarios y autoridades de YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) con responsabilidades en el control de calidad del combustible.

Claros subrayó que, a su juicio, el principal culpable es el ex presidente de YPFB, quien ocupó el cargo durante el periodo en cuestión, así como los altos directivos de la ANH. Según ella, esta agencia tenía la obligación de asegurar que la calidad del combustible en las estaciones de servicio fuera la adecuada, y cuestionó la falta de claridad sobre cómo este combustible defectuoso llegó a manos de los consumidores.

La legisladora también destacó que es fundamental investigar el origen del combustible, quiénes aprobaron su ingreso al país y si tuvo el tratamiento adecuado antes de ser distribuido. En este sentido, reclamó que la justicia debe actuar de forma equitativa y no limitarse a investigar solamente al exministro Mauricio Medinaceli, quien actualmente está bajo detención domiciliaria.

Claros mencionó que existen alrededor de 50 funcionarios y exfuncionarios relacionados con el caso, aunque estimó que, si la investigación se expande, podrían superarse los cien involucrados. Hizo un llamado a que la investigación incluya gestiones anteriores, abarcando periodos desde 2021 y 2022, señalando que la problemática no es exclusiva del actual Gobierno.

Además, la diputada solicitó medidas como arraigo y alerta migratoria para los investigados, con el fin de asegurar su participación en el proceso judicial y garantizar la recuperación de posibles daños económicos. Criticó que hasta ahora no se hayan implementado estos procedimientos y anunció que pedirá informes al Ministerio Público sobre el avance de la causa.

Finalmente, Claros enfatizó que es crucial que el caso no termine en la impunidad, exigiendo que se determinen responsabilidades penales y se busque un resarcimiento financiero por los perjuicios causados al Estado y a las familias afectadas. Según sus declaraciones, se han destinado más de Bs 20 millones para compensar al sector transporte, lo que representa un costo que debería evitarse que recaiga sobre la población.