POLÍTICA

Controversia por restricciones de visa a diputados divide a legisladores

Las restricciones de visa impuestas por EE.UU. a Rafael López y Rolando Pacheco generan debate en la Asamblea Legislativa, donde hay opiniones encontradas sobre su futuro político.

Por Iván Ticona · 23 de octubre de 2026

La reciente decisión del Departamento de Estado de EE.UU. de imponer restricciones de visa a los diputados bolivianos Rafael López y Rolando Pacheco ha generado un intenso debate en la Asamblea Legislativa. Ambos legisladores son mencionados como supuestos vinculados a actos de corrupción y narcotráfico, lo que ha dividido a sus colegas.

La diputada Julieta Jiménez defendió la idea de que ambos diputados deberían tener la oportunidad de defenderse y exigió que se presenten pruebas concretas que justifiquen las restricciones. Jiménez argumentó que apartar a los legisladores del cargo sería excesivo sin una base sólida.

Ximena Arispe, otra diputada, también abogó por el respeto al debido proceso, señalando que sin un veredicto claro de las autoridades competentes no se puede tomar una decisión sobre su permanencia en la Asamblea. Arispe expresó que es injusto emitir juicios sin documentaciones que respalden las acusaciones.

En contraste, el diputado Bastian Giesse consideró que la situación es motivo suficiente para una investigación profunda. Argumentó que, de encontrarse en una situación similar, él optaría por renunciar temporalmente a su cargo para no obstaculizar las investigaciones pertinentes.

La lista de personas a quienes se les han impuesto restricciones también incluye a otros exfuncionarios del sistema judicial y policial, como el exfiscal General Juan Lanchipa y el exfiscal departamental de Beni, Félix Balderas, entre otros. Estas acciones buscan combatir la corrupción y el narcotráfico que afectan a los gobiernos democráticos en la región.

El 22 de octubre, Estados Unidos hizo pública la restricción de visas para 15 ciudadanos bolivianos, argumentando su vinculación con actividades que degradan a las democracias en el continente. Esta medida no solo afecta a los implicados, sino también a sus familiares directos.