Cívicos de Oruro exigen avance en la ley del proyecto Carangas
Los representantes cívicos de Oruro piden la aprobación urgente del Proyecto de Ley N.º 081, que permitiría desbloquear una inversión de 324 millones de dólares y crear 3.500 empleos en la región.
Por Marco Yujra · 3 de octubre de 2026
Los cívicos de Oruro han levantado la voz para solicitar la rápida aprobación del Proyecto de Ley N.º 081, necesario para el desarrollo del proyecto minero Carangas, que promete una inversión de 324 millones de dólares. Este proyecto generaría un total de 3.500 empleos directos e indirectos, lo que sería un impulso significativo para la economía local.
El proyecto minero Carangas se encuentra en el municipio que lleva su mismo nombre, dentro de la provincia Mejillones, Oruro. De acuerdo con la Constitución, es indispensable contar con una ley para facilitar la inversión de capitales extranjeros en esta zona. NPM Minerales S.A., una filial de New Pacific Metals Corp., es la empresa responsable del yacimiento.
Fernando Dehne, presidente del Comité Cívico de Oruro, realizó un llamado a los políticos locales para que gestionen el avance del proyecto en la Cámara de Diputados. Dehne resaltó que la situación económica en Oruro es crítica y urgió a que se tomen decisiones rápidas para evitar más retrasos.
En su declaración, Dehne manifestó que cada día sin avances en la legislación está perjudicando la economía no solo de Oruro, sino de todo el país. Sostuvo que se están bloqueando recursos valiosos que podrían reactivar la economía regional y nacional.
"Estamos en una emergencia departamental y una urgencia nacional", afirmó Dehne, quien también advirtió que si no reciben respuestas rápidas, podrían organizar movilizaciones y trasladarse a La Paz para exigir la aprobación del proyecto.
El yacimiento de Carangas tiene un alto potencial para la extracción de plata, zinc y plomo. Además, se contempla un plan para reubicar a la población urbana que se vería afectada por la explotación minera, así como un aumento en las regalías departamentales que podría alcanzar los 300 millones de bolivianos anuales.