Cavero cuestiona la nueva Ley de Inversiones del Gobierno
El exministro Ramiro Cavero advierte que el proyecto en discusión podría alejar las inversiones debido a su alta burocracia y falta de incentivos claros.
Por Rodrigo Aruquipa · 14 de agosto de 2026
Ramiro Cavero, exministro y economista, expresó su preocupación acerca del proyecto de Ley de Inversiones que actualmente se encuentra en la Asamblea Legislativa. Según él, la propuesta podría desincentivar la llegada de capitales al país debido a su complejidad burocrática.
Cavero enfatizó que la ley, tal como está formulada, podría convertirse en un obstáculo más que en un estímulo para atraer inversiones. Destacó dos puntos críticos: la inclusión del arbitraje internacional y la estructura burocrática que rodea el acceso a incentivos fiscales.
"El primer problema que tiene la ley es que va contra la Constitución"
El exministro argumentó que el arbitraje internacional debería ser parte de una enmienda constitucional y no simplemente de una ley, para así brindar la seguridad jurídica que los inversionistas buscan antes de comprometer su capital en el país.
Cavero también criticó la creación de una Agencia Nacional de Inversiones, que se encargaría de evaluar proyectos y asignarles una puntuación para determinar el acceso a beneficios tributarios. A su juicio, este sistema fomentaría la burocracia y podría generar demoras en los procesos.
El exministro sugirió que en lugar de un sistema complicado, se deberían implementar incentivos más simples y accesibles. Propuso eliminar el impuesto del 12,5% sobre ciertas rentas de empresas extranjeras y facilitar el tratamiento tributario de bienes de capital que no se producen en Bolivia.
Además, Cavero indicó que con solo tres artículos se podría resolver el problema de la inversión en vez de los 130 que propone el proyecto actual. A pesar de las críticas, también reconoció aspectos positivos como la Ventanilla Única de Inversiones, que podría simplificar los trámites para los inversores.
Finalmente, el exministro subrayó la importancia de garantizar condiciones adecuadas para las empresas, incluyendo la protección de la propiedad y la movilidad libre, así como la necesidad de reglas claras en el sector eléctrico para atraer inversiones significativas.