POLÍTICA

Bolivia busca unirse al sistema PISA de evaluación educativa

El Gobierno está trabajando para que Bolivia forme parte de PISA, el programa internacional que mide el rendimiento académico de los estudiantes. Esta iniciativa busca mejorar la calidad educativa en el país.

Por Marisol Callisaya · 17 de septiembre de 2026

El Gobierno de Rodrigo Paz ha informado que está gestionando la inclusión de Bolivia en el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA). Este sistema, que es reconocido a nivel mundial, evalúa el desempeño educativo de jóvenes de 15 años en diversos países.

Recientemente, el estudio PISA evaluó a 760.000 estudiantes en 91 naciones y reveló un "rendimiento más bajo jamás observado", con un marcado deterioro en las habilidades de lectura, aunque América Latina ha mostrado avances en ciertos indicadores.

"Estamos haciendo las gestiones, Bolivia tiene que volver a la prueba PISA. Y, en realidad, el sistema educativo tiene que volver a encontrarse, a articularse, a aceptar un sistema de evaluación de resultados".

A pesar de que Bolivia no ha participado anteriormente en estas evaluaciones, el ministro de Educación, Erick Sanjines, afirma que es esencial que el país retome la prueba. Según él, esto es parte de un esfuerzo más amplio para mejorar el sistema educativo boliviano.

En el pasado, durante la administración de Luis Arce, se consideró esta posibilidad. Sin embargo, el exministro de Educación, Edgar Pary, desestimó la idea, argumentando que Bolivia debía mantener su soberanía educativa y seguir la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez.

A pesar de no estar en PISA, Bolivia cuenta con otros mecanismos de evaluación, como el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa (OPCE) y ha participado en estudios regionales del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE).

La OCDE ha abierto un proceso para que nuevos países soliciten unirse al estudio PISA para 2029. Los países interesados deben asumir ciertos costos, que incluyen un monto base internacional de 234.000 euros, además de gastos adicionales de implementación nacional que rondan los 350.000 euros.