Aprobación de ley para regular depósitos judiciales en Bolivia
La Cámara de Diputados dio luz verde a la Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales, buscando mejorar la situación financiera del Órgano Judicial.
Por Rodrigo Aruquipa · 8 de octubre de 2026
El 8 de octubre de 2026, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales, una norma que tiene como objetivo regular los depósitos abandonados y proporcionar recursos propios al Órgano Judicial.
La ley fue defendida por representantes del Tribunal Supremo de Justicia, quienes destacaron que esta iniciativa permitirá mejorar la situación económica de la institución y avanzar en su modernización. La decana Rosmery Ruiz subrayó la importancia de prestar atención a las necesidades del Órgano Judicial para mejorar el acceso a la justicia.
Rómer Saucedo, presidente del Tribunal, explicó que la aprobación de esta ley es urgente, ya que la Constitución exige autonomía presupuestaria que actualmente no se cumple. La norma busca llenar un vacío legal de normativas antiguas que impiden el uso de recursos provenientes de depósitos judiciales que no son reclamados por años.
El viceministro Jhamil García también apoyó el proyecto, mencionando que se trabajó con varias instituciones en mesas técnicas para asegurar una formulación adecuada. Esto incluyó la participación de la Procuraduría General del Estado y del Consejo de la Magistratura, entre otros.
Durante la discusión, algunos legisladores indicaron que la aprobación de esta ley debe ir de la mano con un compromiso por parte del Tribunal Supremo para mejorar los servicios de justicia, lo cual es especialmente crucial para los grupos vulnerables y las comunidades indígenas.
Posteriormente, el proyecto fue sometido a votación, obteniendo más de dos tercios de apoyo tanto en su versión general como en detalle, por lo que ahora se remitirá a la Cámara de Senadores para su tratamiento. Esta ley establecerá un régimen jurídico para los depósitos que no sean reclamados y que, tras un plazo de cinco años, podrán ser considerados como recursos del Órgano Judicial.
El objetivo principal de esta iniciativa es regular el destino de estos recursos que permanecen sin movimiento durante largos periodos, de manera que puedan ser utilizados para fortalecer el Órgano Judicial, modernizar su tecnología y mejorar la infraestructura judicial, así como los servicios de justicia en general.