Analista señala contradicciones en el nuevo proyecto de Ley de Inversiones
El analista Omar Rilver Velasco Portillo presentó una crítica al proyecto de Ley de Inversiones, resaltando seis aspectos que generan incertidumbre sobre su efectividad y alcance.
Por Iván Ticona · 13 de agosto de 2026
Omar Rilver Velasco Portillo, un analista reconocido, ha expresado su desacuerdo con el nuevo proyecto de Ley de Inversiones que impulsa el Gobierno, señalando seis contradicciones que podrían traer confusión sobre la aplicación de la norma.
Uno de los puntos que cuestiona es la creación de la Agencia Nacional de Inversiones (ANI) y el plazo de 120 días para desarrollar el Plan de Inversiones. Velasco se pregunta cuáles serán las funciones de esta entidad durante ese lapso de tiempo.
El analista también criticó los incentivos que el proyecto ofrece a empresas transnacionales, afirmando que no se establecen mínimos requeridos en cuanto a inversión, generación de empleo, transferencia de tecnología o retorno de divisas al país.
Otro aspecto señalado son las exenciones fiscales, que incluyen beneficios en el IVA y el Gravamen Arancelario, así como créditos tributarios sobre el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE). Según su análisis, estas medidas podrían llevar a una disminución de ingresos fiscales sin contar con mecanismos que compensen esta pérdida.
Además, Velasco advirtió que las empresas extranjeras podrían tener la posibilidad de enviar utilidades y dividendos al extranjero, sin que la norma exija niveles mínimos de reinversión en Bolivia o garantice el retorno de divisas provenientes de exportaciones.
Finalmente, el analista cuestionó la implicación de la Asamblea Legislativa en los contratos de inversión, argumentando que la propuesta sugiere una ratificación de los contratos acordados por el Ejecutivo, a pesar de que la Constitución otorga atribuciones específicas a la Asamblea sobre contratos del Estado.
Por último, Velasco destacó que el proyecto permitiría al Gobierno utilizar recursos públicos para financiar programas de crédito y garantías en el sector privado, lo que considera problemático dado el déficit fiscal que enfrenta el país.