Acuerdo entre el Gobierno y municipios fortalece la Agenda 50/50
El Gobierno y los municipios de las principales ciudades del país han llegado a un acuerdo que busca mejorar la gestión municipal a través de la Agenda 50/50, enfocándose en la revisión de competencias y el financiamiento.
Por Marisol Callisaya · 29 de septiembre de 2026
El 29 de septiembre de 2026, se firmó un acuerdo en La Paz entre el Gobierno nacional y los gobiernos municipales de las nueve capitales del país, junto a la ciudad de El Alto. Este pacto tiene como objetivo avanzar en la Agenda 50/50, que busca una mejora progresiva y diferenciada en la gestión local.
El acuerdo incluye tres áreas clave de trabajo: la promoción de la autonomía y eficiencia municipal, reformas normativas y acuerdos sobre financiamiento. Durante el evento, el presidente Rodrigo Paz afirmó que este proceso debe ser ordenado para fortalecer la autonomía local y contrarrestar el centralismo.
Una de las conclusiones más relevantes es la revisión de las competencias de los diferentes niveles de Gobierno, con el fin de detectar duplicidades y vacíos, así como evaluar las necesidades de los municipios en aspectos como salud, educación y gestión de residuos.
En el ámbito financiero, se acordó revisar la estructura de ingresos de los municipios, que incluye transferencias y tributos, además de realizar auditorías a recursos de coparticipación tributaria de los años anteriores. Se buscará establecer nuevos criterios para la distribución de recursos, considerando factores como la población y la capacidad fiscal de cada municipio.
Un punto destacado es que el Gobierno deberá brindar una respuesta técnica en un plazo de 15 días sobre la aplicación de un porcentaje del Fondo de Promoción a la Inversión en Hidrocarburos, considerando alternativas que incluyan suspensiones o devoluciones de recursos.
Además, el acuerdo prevé identificar y modificar normas que limiten las competencias municipales, facilitar la creación de cartas orgánicas y revisar el régimen de ingresos. También se impulsará la simplificación de procedimientos administrativos y se fomentará la transparencia en la gestión pública.
Las mesas técnicas seguirán operando de forma continua, organizándose según los tres ejes planteados. El Gobierno compartirá datos sobre finanzas públicas y ejecución presupuestaria, mientras que los municipios aportarán información sobre su situación socioeconómica.