Pueblos indígenas solicitan al Gobierno limitar minería en acceso al parque Madidi

Este jueves, líderes indígenas y autoridades del municipio de San Buenaventura solicitaron al Gobierno que se restrinja la actividad minera en la región, argumentando las graves afectaciones ambientales que esta genera. Esta demanda fue presentada ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) por Jorge Canamari, presidente del Consejo Indígena del Pueblo Tacana (Cipta), junto al alcalde Antonio Felipe Mamani y el presidente del Concejo Municipal, Roberto Cartagena.

Canamari expresó a los medios que se busca que la minería sea "restringida de forma inmediata y permanente", advirtiendo que los daños podrían ser devastadores, incluyendo la remoción de suelos y la alteración de cauces de agua, además de la deforestación en el área.

Según el dirigente, hay actualmente más de 20 solicitudes para realizar actividades mineras en San Buenaventura, que se encuentra en el norte del departamento de La Paz. "Pedimos la suspensión inmediata de estos trámites, ya que es vital conservar el hábitat natural de nuestras naciones indígenas para garantizar nuestra existencia", declaró.

Los pueblos indígenas como los tacanas, esse ejja y mosetenes dependen de la recolección, caza y pesca. Canamari alertó sobre el aumento de sedimentos en los ríos, resultado de la minería ilegal, que aunque no se realice en San Buenaventura, ya afecta a sus comunidades a través de los ríos contaminados.

Impacto de la minería en la región

La minería aurífera ha crecido en la Amazonía boliviana, especialmente en Pando, Beni y el norte de La Paz, con denuncias de actividades ilegales que han llegado a afectar reservas naturales como el parque Madidi. Estas acciones ilegales han provocado la contaminación de aguas que abastecen a las comunidades indígenas y desbordes e inundaciones en la época de lluvias.

El alcalde Mamani compartió que se presentó a la AJAM un proyecto de ley municipal que declara a San Buenaventura como un territorio libre de minería y contaminación, buscando proteger su potencial turístico, biodiversidad y desarrollo sostenible.

El director de la AJAM, Jaime Sanabria, indicó que la solicitud será evaluada bajo un proceso técnico y administrativo conforme a la normativa minera vigente.

San Buenaventura cuenta con más de 10.000 habitantes, entre los cuales se encuentran indígenas tacana, uchupiamona y esse ejja. Su área total de 374.800 hectáreas incluye una parte del parque Madidi.

Preocupaciones sobre minería ilegal

La Asociación de Ingenieros Metalúrgicos de Bolivia ha criticado la falta de acción del Gobierno ante la minería ilegal en el país. Luis González, presidente de la asociación, mencionó que hay una explotación irracional de oro en la región, con trabajadores en condiciones insalubres y el uso de mercurio.

El representante cuestionó qué medidas está tomando el Gobierno frente a cooperativas que operan en alianza con empresas extranjeras, involucrándose en la actividad minera ilegal.

Los ingenieros también denunciaron que muy pocas cooperativas se ajustan a la legalidad, advirtiendo que la gran mayoría de ellas operan de manera ilegal, causando un daño ambiental significativo.

Juan Manuel León Arce, otro representante de la asociación, subrayó que solo un pequeño porcentaje de cooperativas se dedica a la minería legal, mientras que el 90% realiza actividades sin cumplir con la legislación vigente.