La Fiscalía reitera prohibición de cobros irregulares y lanza canal de denuncias

La Fiscalía General del Estado recordó a todos los fiscales y empleados del Ministerio Público en Bolivia que tienen estrictamente prohibido pedir, exigir, cobrar o recibir dinero por cualquier motivo. Esta medida se aplica a todos los funcionarios del país y contempla sanciones severas, incluyendo la remoción del cargo y posibles acciones penales.

Según el comunicado oficial, la solicitud o el cobro de dinero es considerado una falta grave y puede implicar delitos de corrupción pública. Los funcionarios que infrinjan esta normativa enfrentarán un proceso disciplinario inmediato y, además, podrían ser llevados a la justicia penal.

Detalles sobre la prohibición y el canal de denuncias.

La prohibición afecta a fiscales de todos los niveles, así como a personal administrativo y de apoyo. No se permitirá la solicitud de ningún tipo de contribuciones económicas, ya sea internas o externas, bajo cualquier justificación o concepto.

Para facilitar la denuncia de casos de cobros irregulares, la Fiscalía ha implementado un sistema llamado Denuncia Digital Directa. Cualquier persona que tenga conocimiento de estos hechos puede reportarlos utilizando un código QR disponible en el comunicado o a través de la plataforma institucional.

La Fiscalía también asegura que se mantendrá la confidencialidad de la identidad de los denunciantes, para protegerlos de posibles represalias o amedrentamientos.

Esta disposición se alinea con el Decreto Supremo 5749, que regula la recepción y tratamiento de denuncias sobre cobros ilegales, extorsión y otras irregularidades en el ámbito administrativo y judicial, abarcando a servidores públicos y exservidores del Ministerio Público, el Órgano Judicial, el Tribunal Constitucional Plurinacional y la Policía Boliviana.