Ex aduanero en el ojo de la tormenta por recibir sobornos

Un exgerente de la Aduana de Potosí y dos exfuncionarios de la misma entidad están siendo investigados por presuntamente haber recibido sobornos que sumarían más de medio millón de bolivianos. Estos pagos, que oscilarían entre 500 y 1.000 bolivianos, habrían sido parte de un esquema para permitir el ingreso de vehículos de contrabando a Bolivia por la frontera de Villazón.

La denuncia fue presentada por el Viceministerio de Transparencia luego de investigar una situación que ocurrió el 15 de septiembre de 2025, cuando se reportó que 48 camiones cruzaron la frontera tras el supuesto pago de coimas. Esto llevó a las autoridades a examinar más a fondo las transacciones de los involucrados.

Según el viceministro Yamil García, el exgerente de aduanas habría registrado depósitos por un total de Bs 554.751, cifra que no concuerda con su perfil financiero. Por su parte, un exresponsable de control operativo recibió Bs 166.425 y un exagente acumuló Bs 69.515.

García mencionó que si la investigación se hubiera limitado únicamente al evento del 15 de septiembre, el total de sobornos habría sido de Bs 48.000, tomando en cuenta 1.000 bolivianos por cada uno de los 48 vehículos. Sin embargo, el rastreo de las cuentas reveló montos mucho mayores, lo que llevó a ampliar el análisis a un período más extenso de sus actividades en la Aduana.

La denuncia penal contra estos tres exfuncionarios se basa en las acusaciones de enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias obtenidas de manera ilegal. A pesar de que ya no forman parte de la Aduana, el viceministro aclaró que esto no los exime de posibles responsabilidades por acciones realizadas durante su tiempo en el cargo.

"De tal manera que de mil en mil bolivianos, uno de ellos ya había acumulado más de medio millón de bolivianos en recursos económicos sin justificación, puesto que inclusive gran parte de estos movimientos se efectuaban a través de depósitos, a través de QR".

Este caso pone de relieve el problema del contrabando en la región y las irregularidades que pueden surgir dentro de las instituciones públicas, lo que ha llevado a la ciudadanía a demandar mayor transparencia y justicia en estos procesos.