Gobierno colombiano restringe el derecho a la protesta
El nuevo decreto del Ministerio del Interior permite a la policía disolver manifestaciones sin mediación previa, lo que genera preocupaciones sobre la represión de la protesta social.
Por Iván Ticona · 2 de octubre de 2026
Entre agosto y septiembre de este año, Colombia ha visto un aumento significativo en los ataques armados y las violaciones de derechos humanos, coincidiendo con el cambio hacia un enfoque más autoritario del gobierno de Abelardo De la Espriella.
Un proyecto de decreto reciente habilita a la Policía Nacional para disolver manifestaciones de manera inmediata, eliminando la necesidad de buscar soluciones de mediación antes de la intervención. Esta medida reemplaza al Decreto 003 de 2021, que priorizaba el diálogo social antes de utilizar fuerzas antidisturbios.
Con esta nueva normativa, la intervención de las fuerzas del orden puede ocurrir inmediatamente ante reportes de bloqueos o alteraciones de tráfico, sin necesidad de la participación de mediadores de convivencia. El control de las operaciones en las calles será gestionado por el Puesto de Mando Unificado, sin requerir la presencia de organismos de derechos humanos.
Las organizaciones sociales han denunciado que esta decisión gubernamental atenta contra los derechos constitucionales establecidos en el artículo 37 de la Constitución, lo que podría facilitar una represión sistemática de las manifestaciones populares. Además, se recuerda el uso excesivo de la fuerza durante las protestas de 2021, que dejó consecuencias severas, como traumas oculares por la violencia policial.
El decreto también introduce un enfoque punitivo hacia la participación de menores en las protestas, imponiendo sanciones administrativas que afectan particularmente a comunidades vulnerables, como campesinos, indígenas y trabajadores informales que suelen movilizarse en grupo debido a la falta de infraestructura adecuada en sus territorios.
Legisladores y defensores de derechos humanos han calificado este decreto como un "incentivo criminal al desastre", advirtiendo que la eliminación del diálogo previo busca reinstaurar la doctrina de seguridad nacional, intensificando la brutalidad policial en las calles. Asimismo, exfuncionarios del Ministerio del Interior y diversas organizaciones sociales han cuestionado otras maniobras del gobierno en este contexto.