César Dockweiler sugiere implementar el 50/50 de manera gradual hasta 2030

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, ha propuesto un enfoque escalonado para la implementación de la Agenda 50/50, con el objetivo de establecer un nuevo Pacto Fiscal, Autonómico y Territorial en Bolivia. Esta estrategia busca modificar cómo se distribuyen los recursos públicos entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales durante los próximos años.

Según el planteamiento de Dockweiler, para el año 2030 debería alcanzarse una distribución de los recursos fiscales donde el 50% corresponda al Gobierno central y el otro 50% a las gobernaciones y municipios. Esta propuesta tiene como base la consideración de las capacidades y responsabilidades que cada nivel de gobierno posee.

La propuesta fue presentada durante una reunión celebrada este martes entre el Gobierno nacional y los alcaldes de todo el país, aunque Dockweiler no estuvo presente y fue representado por el presidente del Concejo Municipal de La Paz. En este encuentro participaron autoridades del área económica y el presidente Rodrigo Paz, quien destacó la importancia de avanzar hacia una distribución más equitativa de los recursos.

Desde agosto, el Gobierno ha estado trabajando en la creación de la Agenda 50/50 junto a los municipios y gobernaciones. Rodrigo Paz ha indicado que uno de los principales propósitos de esta agenda es reducir el centralismo en la gestión de recursos, y se han organizado mesas técnicas para definir en detalle la propuesta.

Dockweiler también ha mencionado que la redistribución no debería seguir una fórmula única, ya que las realidades económicas de los municipios son diversas. Además, ha propuesto la implementación de mecanismos de compensación para mitigar el impacto del aumento en el precio del diésel sobre los servicios públicos de La Paz, incluyendo el sistema de transporte Pumakatari.

El debate sobre la Agenda 50/50 continuará en las mesas técnicas entre el Ejecutivo y las entidades subnacionales. La propuesta de Dockweiler establece 2030 como el plazo para alcanzar esta nueva distribución, mientras siguen en discusión los métodos, responsabilidades y criterios técnicos necesarios para su implementación.

La redistribución no debe limitarse a una fórmula uniforme. Debemos considerar las diversas realidades económicas de cada municipio.