Dorgathen y otros acusados en el caso Botrading: Fiscalía busca confiscar bienes
La Fiscalía ha formalizado acusaciones contra Armin Dorgathen, ex presidente de YPFB, y otros en el marco del caso Botrading, solicitando además la confiscación de sus propiedades.
Por Verónica Limachi · 29 de septiembre de 2026
El caso Botrading ha tomado un giro importante tras la presentación de una acusación formal por parte del Ministerio Público, que involucra a diez personas, entre las que resalta Armin Dorgathen, quien fue presidente de la petrolera estatal YPFB bajo la gestión de Luis Arce. Dorgathen enfrenta cargos por cuatro delitos en calidad de autor.
Los fiscales Omar Yujra, Walter Lora y Ronald Jurado Ayaviri han sido los encargados de presentar esta acusación al juez quinto de instrucción penal, quien se especializa en casos de corrupción y violencia contra la mujer.
Detalles de la acusación
Aparte de Dorgathen, otros acusados como Abraham Cruz Taca, Cinthia Pedraza y Gabriela Delgadillo comparten los mismos cargos que incluyen el uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos y conducta económica en el grado de autoría.
Como parte del proceso, la Fiscalía ha solicitado al juez la confiscación de los bienes, tanto muebles como inmuebles, de todos los acusados involucrados en el caso.
Es importante recordar que la investigación sobre Botrading se originó a raíz de supuestas irregularidades de esta subsidiaria de YPFB, creada en Paraguay durante la gestión de Dorgathen. Se cree que esta empresa tenía como objetivo reducir los costos de los combustibles importados, pero se están investigando casos de presunto sobreprecio en la venta de carburantes.
La situación se complica aún más para los acusados, ya que la Fiscalía está decidida a llevar este caso hasta sus últimas consecuencias, subrayando la necesidad de transparencia y justicia en la gestión de recursos del estado.
A medida que avanza el caso, la atención pública se centra en las acciones que tomará el sistema judicial y las posibles repercusiones para los involucrados.
La ciudadanía espera respuestas claras sobre la administración de los recursos públicos y la rendición de cuentas de quienes estuvieron al mando de instituciones clave como YPFB.