Revisión de empresas estatales busca cuidar recursos económicos
El director de la Oficina de Fortalecimiento de la Empresa Pública, Pablo Camacho, sostiene que la reestructuración de las empresas públicas es una medida económica y no política, orientada a proteger los fondos de la población boliviana.
Por Dayana Poma · 27 de septiembre de 2026
Pablo Camacho, el director de la Oficina de Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), declaró que la revisión de las empresas estatales es una decisión que responde exclusivamente a razones económicas. Según él, esta medida busca salvaguardar los recursos de todos los bolivianos, en el marco del Decreto Supremo 5727.
Camacho enfatizó en una entrevista que "no se trata de una decisión política, sino que es una acción completamente económica". Esta estrategia ha sido impulsada por el gobierno del presidente Rodrigo Paz, quien busca asegurar el uso adecuado de los recursos públicos.
Prioridades de reestructuración en el Estado
El Decreto Supremo 5727 establece que la reorganización, disolución o liquidación de las empresas públicas es una prioridad del Órgano Ejecutivo. Todas estas decisiones deben basarse en un diagnóstico técnico que elabore la OFEP y que sea validado por el Consejo Superior Estratégico de las Empresas Públicas (Coseep).
Según Camacho, la OFEP ha estado trabajando en hacer más transparente la información respecto a la situación de las empresas estatales. La ciudadanía ya tiene acceso a estos datos a través del sitio web oficial de la entidad.
El mensaje es que esto no puede volver a pasar.
El director de la OFEP también subrayó que los recursos que se invirtieron en algunas empresas podrían haber sido destinados a mejorar servicios fundamentales como educación, salud y saneamiento básico. Criticó la creación de empresas que, según él, fueron impulsadas sin un análisis profundo, mencionando casos como las plantas procesadoras de café en Pando y de limón en Potosí, que no llegaron a funcionar, pese a ser inauguradas.
Actualmente, la OFEP tiene registradas 67 empresas públicas, a las cuales se suman más de 100 que dependen del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), así como las que son gestionadas a nivel departamental y municipal. Camacho concluyó que el daño causado a Bolivia por estas gestiones mal planificadas ha sido significativo, describiéndolo como una "estafa histórica".