Careaga responde a Aguirre y defiende el aporte de varias regiones
El director de Salamandra, Ángel Careaga, contestó a los comentarios de la vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, sobre los gastos de Mi Teleférico, destacando la contribución de otros departamentos como Potosí, La Paz y Oruro.
Por Marisol Callisaya · 17 de septiembre de 2026
Ángel Careaga, director general de Salamandra, reaccionó irónicamente ante las afirmaciones de la vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, quien criticó el gasto estatal destinado a Mi Teleférico y afirmó que su región es la principal contribuyente de los recursos tributarios del país. Careaga le agradeció, sugiriendo que su visión sobre la distribución de recursos públicos es limitada.
Aguirre indicó que el servicio de Mi Teleférico requiere alrededor de Bs 2.100 millones anuales en subvenciones y que este monto podría llegar a Bs 2.400 millones. Además, argumentó que el pasaje debería costar Bs 6 en vez de Bs 3, cuestionando que el costo sea asumido por todos los bolivianos, especialmente por Santa Cruz.
Por su parte, la empresa Mi Teleférico negó recibir subvenciones del estado para su funcionamiento. Según el gerente ejecutivo, Christian Rojas, el sistema se sostiene con ingresos propios generados por pasajes, parqueos, espacios comerciales y publicidad, destacando que en la última gestión se reportó un superávit de aproximadamente Bs 10 millones.
La controversia también ha suscitado un debate sobre las cifras discutidas. Un análisis reciente señala que los Bs 2.100 millones mencionados por Aguirre corresponden a pérdidas acumuladas y depreciación de activos durante varios años, más no a una transferencia anual del Estado para mantener el servicio, lo cual es clave para entender la situación financiera de Mi Teleférico.
La respuesta de Careaga busca cuestionar la noción de que Santa Cruz es el único departamento que sostiene económicamente al resto del país, resaltando también la importancia de las contribuciones de Potosí, La Paz y Oruro. Esta polémica vuelve a abrir el debate sobre la distribución de la inversión pública y las aportaciones de cada región en Bolivia.