Denuncian a exfuncionarios de Yacana por más de Bs 200 millones en irregularidades
El viceministro de Transparencia anunció la denuncia contra cinco exfuncionarios de Yacana por un presunto daño económico significativo, que incluye maquinaria deficiente y pagos excesivos.
Por Marisol Callisaya · 16 de septiembre de 2026
El viceministro de Transparencia, Yamil García, hizo pública una denuncia este miércoles relacionada con un caso de corrupción en la empresa estatal Yacana, creada en 2014 y ubicada en Laja, La Paz. García reveló que se ha identificado un perjuicio económico que supera los 200 millones de bolivianos, provenientes de recursos del Estado.
Según García, la empresa Yacana firmó un contrato de ‘llave en mano’, que no debería modificar su monto, pero se desembolsaron Bs 226 millones a pesar de que el contrato original era por Bs 224 millones. Además, de la maquinaria que debió ser completamente europea, se encontró que el 86% era de fabricación china.
El viceministro también comentó que fue requerida la entrega de 116 máquinas, pero solo se encontraron 90. De estas, 20 no funcionaban, lo que significa que 26 máquinas por las que se pagó no están en el lugar.
La planta, que debería operar con la totalidad de su capacidad, solo estaba funcionando al 7%, mientras que más del 90% de su infraestructura se encontraba inactiva. Adicionalmente, en 2018, la empresa realizó una compra de vellones de fibra por más de Bs 4 millones sin la capacidad de almacenaje adecuada, lo que resultó en pérdidas por deterioro.
Estas irregularidades han llevado a que la empresa sufriera un colapso crónico, según el viceministro. Por ello, se formalizó una denuncia ante el Ministerio Público contra cinco exfuncionarios, incluyendo dos exgerentes generales y tres ingenieros, por delitos como conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
Estamos solicitando que el Ministerio Público pueda activar todos los mecanismos procesales para asegurar la presencia de los imputados dentro de esta investigación.
García concluyó señalando que también se requiere la anotación de bienes y cuentas de los denunciados para intentar recuperar el daño económico causado al Estado.