Gobierno evalúa el cierre de hasta diez empresas estatales
El Ejecutivo busca reorganizar el sector empresarial público, analizando el futuro de varias entidades que enfrentan dificultades financieras. Hasta diez empresas podrían ser afectadas en este proceso de reestructuración.
Por Marisol Callisaya · 10 de septiembre de 2026
El Gobierno de Rodrigo Paz ha iniciado una revisión del sector empresarial estatal, lo que podría resultar en el cierre o transformación de hasta diez empresas que no se consideran sostenibles. Esta evaluación es parte de un plan impulsado por el Ministerio de Economía y la Oficina de Fortalecimiento de Empresas Públicas (OFEP).
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, indicó que se realizarán diagnósticos técnicos para determinar cuáles de estas empresas pueden seguir operando y cuáles representan un gasto insostenible para el Estado. Esta revisión forma parte de las medidas establecidas en el nuevo Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026.
La OFEP ha detectado que hay 15 empresas que se encuentran en quiebra técnica, acumulando pérdidas que superan los Bs 3.637 millones. Entre las entidades en problemas se destacan la Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (EPCORO) y la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro).
El ajuste también tendrá impacto en los recursos que se destinan a estas empresas, con una reducción de Bs 3.800 millones en los aportes de capital. Esta medida forma parte de la estrategia del Gobierno para minimizar el déficit fiscal que enfrenta el país.
Espinoza aclaró que el objetivo no es solo cerrar empresas, sino identificar cuál es la mejor opción: si mantenerlas, reestructurarlas, transferirlas a otras entidades, asociarlas con el sector privado o proceder a su liquidación.
Dentro del análisis se incluye una empresa estatal que produce papas fritas en El Alto, la cual podría ser cerrada, transferida a otro nivel de gobierno o reestructurada mediante asociaciones público-privadas, dependiendo de los resultados del diagnóstico.
El Gobierno busca reducir la carga que representa el aparato empresarial estatal, que durante años ha consumido recursos públicos. Ahora, las empresas deben demostrar su capacidad de mantenerse sin ser una carga para el Estado.