SOCIEDAD

Santa Cruz da un ultimátum al Gobierno de Rodrigo Paz por crisis de combustibles

La Asamblea de la Cruceñidad fijó el 10 de octubre como límite para que el Gobierno atienda sus demandas, bajo la amenaza de movilizaciones y un cabildo si no hay respuestas.

Por Verónica Limachi · 9 de septiembre de 2026

La Asamblea de la Cruceñidad ha decidido establecer un plazo al Gobierno de Rodrigo Paz hasta el 10 de octubre para que se resuelva la crisis relacionada con el abastecimiento de combustibles, entre otras demandas locales. En caso de no obtener respuestas, el Comité pro Santa Cruz anunció que comenzarán movilizaciones escalonadas y podrían convocar a un cabildo.

Stello Cochamanidis, presidente cívico, comunicó que esta decisión fue el resultado de un intenso debate que duró más de cuatro horas, en el que participaron representantes de diversos sectores productivos e instituciones de Santa Cruz. La fecha elegida para la posible activación de medidas de presión coincide con el Día de la Democracia.

Entre las exigencias más relevantes se encuentran la solución al desabastecimiento de diésel y gasolina, la eliminación de restricciones en la importación, distribución y comercialización de combustibles, así como una reducción de impuestos que ayude a abaratar el precio del carburante. También se solicitó el fin del monopolio de YPFB y la ANH, y se pidió investigar posibles redes de corrupción en la gestión de hidrocarburos.

Además, la Asamblea reclama la restitución de recursos y competencias a las gobernaciones, municipios y universidades, y la implementación del modelo 50/50 en el Presupuesto General del Estado 2027, para que una porción de los ingresos generados en cada departamento se quede en las regiones.

Cochamanidis enfatizó que si no hay respuesta del Ejecutivo hasta el 10 de octubre, se iniciarán las movilizaciones en las calles, con la posibilidad de escalar hasta un cabildo. Sin embargo, aclaró que la Asamblea no está pidiendo la renuncia de Rodrigo Paz, ya que su intención es mantener el orden constitucional en el país.

Con esta postura, Santa Cruz ha marcado una fecha clave: si el 10 de octubre no hay respuesta del Gobierno, la crisis de combustibles podría desencadenar un nuevo conflicto regional significativo.