Bolivia inicia otra temporada de incendios sin cambios en las leyes quemadoras

Bolivia ha vuelto a enfrentar una crítica temporada de incendios, con al menos 7.500 hectáreas ya devastadas, principalmente en Tarija y el parque Otuquis. A pesar de la presión de organizaciones ambientales para derogar las llamadas 'leyes incendiarias', los proyectos que buscan eliminar estas normativas permanecen estancados en la Asamblea Legislativa.

En Tarija, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) reportó que alrededor de 5.000 hectáreas han sido afectadas por el fuego en diversas comunidades. Ante esta situación alarmante, la Gobernación ha declarado emergencia en los municipios de Méndez, Uriondo y Cercado, mientras que la Fiscalía ha iniciado al menos cuatro investigaciones para determinar las responsabilidades del caso.

Por otro lado, en Santa Cruz, el incendio más grave se ha registrado en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis, donde las llamas han consumido cerca de 2.538 hectáreas. La situación en esta región se complica por los fuertes vientos y la falta de agua, dificultando las labores de los brigadistas. También se han reportado focos de incendio en Pailón, Porongo y San Matías.

Entre los incendios en Tarija y Otuquis, se han afectado más de 7.500 hectáreas, y el periodo más crítico de incendios, que se extiende entre julio y octubre, apenas está comenzando. Recientemente, se han detectado incendios en Liriuni, un área protegida cercana al Parque Nacional Tunari, mientras que la ciudad de La Paz se despertó envuelta en humo.

La diputada Cecilia Requena, del partido Unidad, ha señalado que ninguna de las iniciativas para abrogar las controvertidas normativas ha avanzado. "No se ha logrado derogar ninguna ley incendiaria, todas están estancadas en Diputados", afirmó, explicando que aunque algunas propuestas fueron aprobadas en el Senado en la legislatura anterior, no llegaron a ser tratadas en la Cámara Baja.

Una de esas propuestas es la Ley 1171, que regula el uso de quemas y establece sanciones para quemas no autorizadas, pero que ha encontrado resistencia entre legisladores vinculados a sectores productivos. La diputada cuestionó la efectividad de las multas, las cuales son tan bajas que algunos infractores las consideran un costo más en el uso de sus tierras.

Requena también mencionó otra ley que aún está vigente, la Ley 741, que permite el desmonte de hasta 20 hectáreas en pequeñas propiedades sin necesidad de presentar planes de manejo forestal. Aunque el Senado aprobó su abrogación en septiembre de 2024, la ley aún no ha sido derogada.

La legisladora insiste en que, además de derogar estas normas, se necesita una nueva Ley de Bosques que cierre vacíos legales y brinde incentivos para la producción sin fuego. Como parte de su propuesta, plantea combinar sanciones más severas con apoyo a prácticas sostenibles como la agroforestería y la agricultura regenerativa. La situación es crítica, especialmente tras el desastre de 2024, cuando se quemaron 12,6 millones de hectáreas, con Santa Cruz siendo la más afectada.

Ante el agravamiento de las condiciones climáticas como sequías intensas y vientos fuertes, Requena destacó que la respuesta a estos incendios no puede limitarse a combatir el fuego una vez que ya ha comenzado a arrasar. La prevención debe incluir información y vigilancia comunitaria, además de una coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno.