Transportistas de carga exigen respuestas al Gobierno ante escasez de diésel

La preocupación por la escasez de diésel sigue creciendo entre los transportistas y sectores productivos en Bolivia. A pesar de los compromisos asumidos por el Gobierno, las filas en las estaciones de servicio no parecen disminuir, lo que ha llevado a los transportistas a exigir soluciones inmediatas.

El sector de transporte pesado, tanto nacional como internacional, ha dado un plazo de 15 días al Gobierno de Rodrigo Paz para que presente soluciones definitivas a la falta de combustible y al deterioro de las carreteras.

Los transportistas han emitido advertencias sobre la posibilidad de implementar medidas de presión si sus demandas no son atendidas. Domingo Ramos, uno de los dirigentes del sector, expresó que esta es la cuarta comunicación que envían al presidente, pidiendo no solo respuestas claras, sino también la realización de una inspección técnica a las carreteras, con la presencia de un notario.

Ramos enfatizó que, si la situación persiste sin cambios, el sector se verá obligado a adoptar medidas más drásticas, incluso declararse en quiebra. "No pagaremos peajes, impuestos ni a los bancos", aseguró, señalando que la falta de combustible y las malas condiciones viales impactan de manera directa en sus operaciones.

Además, los transportistas están considerando la posibilidad de iniciar acciones legales contra funcionarios de los ministerios de Obras Públicas, Economía e Hidrocarburos, por un presunto incumplimiento de sus deberes, argumentando que no se han cumplido los acuerdos pactados.

Según los representantes del sector, en Bolivia hay más de 12.000 transportistas, de los cuales aproximadamente el 60% se verían afectados por la crisis de diésel.

Desde la Defensoría del Pueblo, también se ha solicitado a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), YPFB y al Ministerio de Hidrocarburos que proporcionen información y adopten medidas urgentes para regularizar el suministro de combustible. La Defensoría ha indicado que ha solicitado información sobre las acciones a seguir, pero hasta ahora no ha recibido respuestas adecuadas.

En medio de esta crisis de abastecimiento, la Policía reportó la incautación de 5.000 litros de diésel que se transportaba de manera ilegal hacia Guanay. El combustible, que estaba en un camión Nissan Cóndor proveniente de Caranavi, fue confiscado porque el conductor no presentó la documentación necesaria. El caso ya está en manos del Ministerio Público, que investigará si el combustible iba destinado a minería ilegal o contrabando.

Mientras tanto, los transportistas esperan que el Gobierno los convoque en el plazo establecido para evitar que la situación escale a nuevas medidas de presión.