FEPO alerta sobre minería ilegal en la Cumbre Minera 2026
La Cumbre de Minería 2026, que tuvo lugar el 29 de julio en La Paz, centró sus discusiones en la preocupante falta de seguridad jurídica y el impacto negativo del 'juqueo' en el país. La Federación de Empresarios Privados de Oruro (FEPO) hizo un llamado sobre el estancamiento de inversiones y planteó una propuesta de […]
Por Dayana Poma · 29 de julio de 2026
La Cumbre de Minería 2026, que tuvo lugar el 29 de julio en La Paz, centró sus discusiones en la preocupante falta de seguridad jurídica y el impacto negativo del 'juqueo' en el país. La Federación de Empresarios Privados de Oruro (FEPO) hizo un llamado sobre el estancamiento de inversiones y planteó una propuesta de ley para contrarrestar economías ilícitas.
Jill Peñafiel, presidenta de la FEPO, destacó la problemática del avasallamiento que enfrentan las empresas mineras, mientras que Jaime Cuellar, asesor jurídico de la FEPO, mencionó que los recientes eventos en Huanuni ilustran una toma criminal de territorios clave. Además, comunidades indígenas expresaron su preocupación por el daño ambiental que causa la minería ilegal.
La cumbre tiene el objetivo de redactar un nuevo Código Minero y se espera la creación de una ley corta que será socializada por el Ministerio de Economía. Las organizaciones cooperativistas han solicitado que se haga una clara distinción entre minería informal y la delictiva, para asegurar zonas seguras para los pequeños mineros.
La falta de un marco legal sólido ha provocado que las inversiones en el sector minero se paralicen, afectando a las comunidades locales, que ahora enfrentan problemas de salud y contaminación debido al extractivismo ilegal. En este contexto, la Gobernación de Oruro está considerando declarar el cerro Posokoni como zona restringida.
La Cumbre Minera 2026 fue un espacio para expresar las inquietudes sobre la actual situación del sector. Durante el evento, Peñafiel subrayó que varias empresas están cerrando debido a los avasallamientos, y enfatizó la necesidad de contar con seguridad jurídica para reactivar las inversiones.
Trágicamente, los recientes sucesos ocurridos el 26 de julio en el cerro Posokoni, donde fallecieron dos militares y un trabajador minero, han resaltado la urgencia de abordar esta problemática. Si bien el Ministerio de Defensa atribuyó el incidente a un deslizamiento de tierra, familiares y la FEPO denunciaron que pudo haber sido una emboscada por parte de bandas dedicadas al 'juqueo'.
El impacto de la minería ilegal no solo afecta a las empresas, sino que también tiene graves consecuencias para las comunidades, con denuncias sobre la contaminación por mercurio y sus efectos negativos en la producción agrícola y la salud de los habitantes.
El sector cooperativista, representado por organizaciones como Fecoman, Ferreco y Fencomin, aboga por diferencias claras entre minería informal y delictiva, solicitando que la nueva legislación garantice áreas de trabajo seguras para los pequeños productores. En este marco, la FEPO propone que su proyecto de ley refuerce la persecución penal contra el 'juqueo' y las actividades delictivas relacionadas, mientras que la Gobernación de Oruro evalúa medidas para proteger vidas y reducir pérdidas en la región.